El procedimiento administrativo ordena las actuaciones que debe seguir una Administración para preparar, adoptar y, cuando corresponda, ejecutar una decisión. Es un cauce jurídico, no solo una secuencia informal de tareas.
En España, la Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común. Su título IV trata garantías, iniciación, ordenación, instrucción, finalización, tramitación simplificada y ejecución, sin perjuicio de las especialidades legalmente previstas.
Debe distinguirse del acto administrativo, que es una decisión o declaración concreta, y del expediente, que contiene los documentos y antecedentes. Un procedimiento puede incluir varios actos y no termina siempre con una resolución sobre el fondo: también existen otras formas legales de terminación.