Motivar un acto administrativo es expresar las razones de hecho y de Derecho que justifican la decisión. El artículo 35 de la Ley 39/2015 enumera supuestos en los que debe incluirse esa explicación, como actos que limitan derechos, resuelven recursos o ejercen potestades discrecionales.
No basta con confundir la decisión adoptada con sus razones. La motivación permite identificar por qué se aplica una norma y cómo se conectan los hechos con el resultado. La ley exige una referencia sucinta, no una extensión uniforme para todos los actos.
En los procedimientos selectivos, el artículo 35.2 remite a las normas de cada convocatoria para la motivación de los actos que ponen fin al proceso. En todo caso, los fundamentos de la resolución deben quedar acreditados en el procedimiento.