El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, titulado «Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres», dispone que ese principio informa con carácter transversal la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integran de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
La transversalidad no crea una política aparte ni concentra la igualdad en una unidad especializada: reparte la obligación entre todos los poderes públicos y la extiende a toda su actividad, incluidos los presupuestos. El precepto nombra tres frentes concretos —las disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas y el conjunto de las actividades administrativas— y exige que la integración sea activa, no una simple declaración de intenciones.
Los temarios suelen formularla además como la exigencia de aplicar la perspectiva de igualdad y de violencia de género en todas las políticas y servicios. Sea cual sea el ámbito, la clave del artículo 15 es la misma: el principio no se agota en las actuaciones de la oficina o concejalía de igualdad, sino que vincula a cada órgano en su propia parcela de actuación.