El artículo 107.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite a las Administraciones impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, pero solo previa declaración de lesividad para el interés público. Sin ese acto previo la Administración no puede llevar al juez su propio acto favorable: la declaración es presupuesto de la impugnación.
El precepto fija sus límites. No puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados, en los términos del artículo 82. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a los interesados a efectos meramente informativos, y transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se haya declarado la lesividad se produce la caducidad del procedimiento.
El órgano que la adopta depende de la Administración de origen. Si el acto proviene de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declara el órgano de cada Administración competente en la materia. Si proviene de una entidad local, la adopción corresponde al Pleno de la Corporación o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la entidad.