La coordinación es una de las técnicas de relación entre Administraciones públicas. El artículo 10.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, obliga a la Administración Local y a las demás Administraciones a ajustar sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
El apartado 2 precisa cuándo procede coordinar las competencias de las Entidades Locales: cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones, o sean concurrentes o complementarios de los de estas. El apartado 3 añade que, en especial, la coordinación de las Entidades Locales tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El apartado 4 cierra el precepto recordando que las funciones de coordinación son compatibles con la autonomía de las Entidades Locales: coordinar no es subordinar.