La autonomía local es la capacidad de los entes locales para gestionar sus propios intereses con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 137 de la Constitución organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, y reconoce que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140 garantiza además la autonomía de los municipios, que tienen personalidad jurídica plena.
No es soberanía. La autonomía se ejerce dentro del marco que fijan la Constitución y la legislación estatal y autonómica. El artículo 2.1 de la Ley 7/1985 obliga a esa legislación a asegurar a municipios, provincias e islas el derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda y conforme al principio de descentralización y de máxima proximidad de la gestión a los ciudadanos.
La autonomía local tampoco se confunde con la descentralización ni con la desconcentración: la autonomía es la garantía constitucional de gestión propia, la descentralización reparte competencias entre entes públicos distintos y la desconcentración las reparte entre órganos de un mismo ente.