El artículo 55.2 de la Constitución permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse para personas determinadas los derechos reconocidos en el artículo 17.2, referido a la detención preventiva, y en el artículo 18, apartados 2 y 3, referidos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Solo cabe en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
Se distingue de la suspensión general del apartado primero, que depende de la declaración de los estados de excepción o de sitio y alcanza un catálogo más amplio de derechos. La individual no exige estado excepcional alguno: exige ley orgánica, acuerdo referido a personas determinadas, intervención judicial y control parlamentario.
El párrafo segundo del mismo artículo añade una garantía: la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esa ley orgánica produce responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.