Aula narrada
Efecto que la ley atribuye a la falta de resolución expresa notificada dentro del plazo máximo, según el procedimiento de que se trate.
Ámbito de estudio: Transversal
También se conoce como: Silencio positivo, Silencio negativo
El silencio administrativo permite atribuir consecuencias jurídicas a la falta de respuesta expresa en plazo. No significa que la Administración quede liberada de resolver. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24 de la Ley 39/2015 vincula el silencio al vencimiento del plazo máximo sin notificar resolución expresa.
La regla general de ese artículo es estimatoria, pero tiene excepciones legales y materias con efecto desestimatorio. Entre ellas figuran el derecho de petición, determinados supuestos sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y responsabilidad patrimonial. Los procedimientos de impugnación tienen sus propias previsiones, incluida una excepción para ciertos recursos de alzada frente a una desestimación por silencio.
El efecto positivo y el negativo no son simétricos. La estimación tiene consideración de acto que finaliza el procedimiento; la desestimación permite interponer el recurso procedente. Una resolución posterior al silencio positivo solo puede confirmarlo, mientras que tras el negativo la Administración no queda vinculada a ese sentido. Para procedimientos iniciados de oficio hay que acudir al artículo 25 y distinguir su naturaleza.
En un supuesto, localiza cómo se inició el procedimiento, su plazo máximo y la norma que fija el sentido del silencio. No supongas que toda falta de respuesta concede una plaza o estima un recurso.
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Una solicitud queda sin resolución notificada al vencer su plazo. Antes de afirmar que está estimada, se comprueba si una norma o alguna excepción del artículo 24 establece silencio desestimatorio.
Revisado el
No. El artículo 24 contiene una regla general para procedimientos iniciados a solicitud y varias excepciones. También debe revisarse la norma específica y distinguir los procedimientos iniciados de oficio.
No. La Administración mantiene su obligación de resolver expresamente, con el régimen que establece el artículo 24.3 para la resolución posterior al silencio estimatorio o desestimatorio.
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