La revocación es la retirada de un acto administrativo acordada por la propia Administración que lo dictó. Se dirige a actos de gravamen o desfavorables para el interesado y no exige que el acto sea ilegal.
El artículo 109.1 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones Públicas revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
El apartado 2 del mismo artículo regula una figura distinta que se estudia junto a ella: la rectificación, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos de sus actos. La revocación deja sin efecto el acto; la rectificación corrige un error. El verbo revocar se emplea también para la retirada de una delegación de competencias, que es otra institución y no se rige por el artículo 109.