La resolución es la decisión de fondo del órgano competente y la forma ordinaria de terminar el procedimiento. El artículo 84.1 de la Ley 39/2015 enumera las formas de terminación: la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando no esté prohibida y la declaración de caducidad. Lo que la separa del acto de trámite es que decide el fondo o pone fin al procedimiento.
El artículo 88.1 fija su contenido: la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Sobre cuestiones conexas que nadie planteó el órgano competente puede pronunciarse, pero antes debe ponerlas de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días para que aleguen y aporten prueba. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el apartado 2 exige congruencia con las peticiones formuladas y prohíbe agravar su situación inicial, sin perjuicio de incoar de oficio un nuevo procedimiento.
La decisión ha de estar motivada en los casos del artículo 35, y la resolución debe expresar los recursos que procedan, el órgano ante el que se presentan y el plazo para interponerlos (art. 88.3). Se dicta electrónicamente, garantizando la identidad del órgano y la autenticidad e integridad del documento (art. 88.4), y la Administración no puede abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos aplicables (art. 88.5).