La indemnidad frente a represalias es la protección de quien sufre un trato adverso o un efecto negativo por presentar una queja, una reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo resuelve calificando ese trato como discriminación por razón de sexo: la represalia no es un daño colateral, sino una forma de discriminación prohibida.
La norma no exige que la reclamación previa prospere; protege el acto de reclamar. De ahí el nombre: quien reclama queda indemne, es decir, no puede sufrir por ello un perjuicio en el acceso al empleo, en la promoción o en las condiciones de trabajo. La conducta de represalia puede consistir en un trato adverso o en cualquier efecto negativo que se produzca como consecuencia de la queja, la reclamación, la denuncia, la demanda o el recurso.
El artículo 9 se estudia junto a los artículos 6 y 7 de la misma ley, que definen la discriminación directa e indirecta y el acoso sexual y por razón de sexo: son las tres piezas con las que la ley identifica las conductas discriminatorias por razón de sexo.