El artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, enumera las cinco causas de inadmisión de un recurso: ser incompetente el órgano administrativo cuando el competente pertenezca a otra Administración Pública, carecer de legitimación el recurrente, tratarse de un acto no susceptible de recurso, haber transcurrido el plazo de interposición o carecer el recurso manifiestamente de fundamento. En el primer supuesto la norma no cierra el paso: el recurso se remite al órgano competente conforme al artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La inadmisión no entra a valorar el fondo del recurso: se limita a comprobar que concurre una de esas cinco causas. Por eso no es lo mismo que una resolución que examina los argumentos y los rechaza: aquí el recurso no llega a examinarse. En los temarios de los cursos el término aparece también, en sentido más amplio, para el rechazo de una solicitud por incumplir una condición formal, como presentarla fuera de plazo; conviene no confundir ese uso con la inadmisión del recurso del artículo 116.