El artículo 149.3 de la Constitución cierra el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas con una regla de cierre que los temarios llaman cláusula residual. Su primera parte dispone que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos: la competencia se adquiere por el Estatuto, no directamente por la Constitución.
La segunda parte resuelve el hueco contrario: la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado. Es decir, lo que el Estatuto no recoge vuelve al Estado sin necesidad de un título competencial expreso.
Las dos frases finales del precepto añaden dos técnicas distintas que el test separa a menudo. La prevalencia: las normas del Estado prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. La supletoriedad: el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. La primera opera ante un conflicto y solo fuera de la competencia exclusiva autonómica; la segunda, de forma subsidiaria y en todo caso.