El artículo 149.3 de la Constitución cierra el reparto de competencias: las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos; la competencia sobre las que no se hayan asumido por los estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas; y el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas.
La supletoriedad es una cláusula de cierre: no atribuye al Estado una competencia sobre la materia, sino que permite aplicar su derecho cuando la comunidad autónoma carece de norma propia. Convive en el mismo apartado con la prevalencia, que opera solo en caso de conflicto y en las materias no atribuidas en exclusiva a la comunidad; son dos reglas distintas y el examen suele mezclarlas.
El propio precepto dice que el derecho estatal será supletorio en todo caso, de modo que la regla no depende de una habilitación adicional en cada ley estatal.