La competencia exclusiva atribuye a un único titular todas las potestades sobre una materia: la legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva. El artículo 149.1 de la Constitución reserva al Estado una lista de materias en exclusiva, entre ellas la nacionalidad, la extranjería y el derecho de asilo (2.ª), la defensa (4.ª), la administración de justicia (5.ª), la legislación penal (6.ª) y la seguridad pública (29.ª), sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan crear policías en la forma que fijen sus estatutos.
Del otro lado, los estatutos de autonomía enumeran las materias sobre las que la comunidad tiene competencia exclusiva y describen su alcance. El artículo 42.2.1.º del Estatuto de Autonomía de Andalucía la define como la que comprende la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva íntegramente y sin perjuicio de las competencias del Estado, con el derecho autonómico de aplicación preferente y el estatal como supletorio. El artículo 71 del Estatuto de Aragón añade, en el ámbito de sus competencias exclusivas, el establecimiento de políticas propias y el respeto a los artículos 140 y 149.1 de la Constitución; el artículo 70 del Estatuto de Castilla y León abre su lista de materias exclusivas con las instituciones de autogobierno y la organización de la Administración de la Comunidad.
La exclusividad no impide que el Estado conserve competencias transversales ni que existan materias compartidas, en las que la comunidad legisla dentro de las bases estatales, y ejecutivas, limitadas a la aplicación de la normativa. Distinguir esos tres niveles es lo que se pide en los supuestos prácticos; la lista concreta de materias exclusivas del Estado está en la ficha de competencias exclusivas del Estado.