Suspensión de funciones

La suspensión de funciones es la situación administrativa en la que el funcionario queda apartado del ejercicio de sus funciones (art. 85.1.e TREBEP). Puede ser provisional, como medida cautelar, o firme, como sanción disciplinaria.

La suspensión provisional se acuerda como medida cautelar durante la tramitación de un expediente disciplinario y no puede exceder de 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. También puede acordarse durante un procedimiento judicial, manteniéndose mientras se extienda la prisión provisional u otras medidas que impidan desempeñar el puesto de trabajo (art. 98.3 TREBEP). Durante la suspensión provisional el funcionario percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; si la suspensión se eleva a definitiva, debe devolver lo percibido (art. 98.4 TREBEP).

La suspensión firme es una sanción disciplinaria con una duración máxima de 6 años (art. 96.1.c TREBEP). En la Administración General del Estado, la impuesta por falta muy grave va de 3 a 6 años y la de falta grave no excede de 3 años; si la suspensión firme excede del tiempo de la suspensión provisional previa, comporta la pérdida del puesto de trabajo (art. 16 del RD 33/1986). Durante la suspensión firme el funcionario no percibe retribuciones.

La suspensión de funciones se distingue de la separación del servicio: la suspensión es temporal y no extingue la condición de funcionario, mientras que la separación del servicio (art. 96.1.a TREBEP), que solo puede sancionar faltas muy graves, comporta perder la condición de funcionario.