El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y añade que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Los servicios esenciales son, por tanto, el límite que la propia Constitución pone al ejercicio del derecho, y su garantía se encomienda a la ley que lo desarrolle, no a la decisión unilateral de la empresa.
La Constitución no enumera cuáles son ni da una definición cerrada. Los temarios los describen como las actividades cuya interrupción afecta gravemente a la comunidad y suelen poner como ejemplos el transporte, el agua, la energía o la sanidad. Esencial no es todo el servicio ni toda la plantilla: se decide caso por caso cuál es el nivel de prestación que la comunidad no puede perder durante la huelga.
En el desarrollo legal, el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 prevé que la Autoridad gubernativa acuerde las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad. La garantía modula el ejercicio del derecho, no lo suprime.