El artículo 14.4 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, exige que el derecho de explotación de la concesión de obras implique la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de esas obras, que abarca el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. El riesgo de demanda es el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato; el de suministro es el relativo al suministro de esas obras o servicios, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.
El precepto fija además cuándo se entiende asumido: cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación. Y añade un límite de intensidad: la parte de los riesgos transferida debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado, de forma que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no sea meramente nominal o desdeñable.
El traslado efectivo de ese riesgo es lo que caracteriza la concesión frente a otras figuras contractuales: sin exposición real del concesionario a la demanda o al suministro, no se cumple el artículo 14.4 aunque el contrato se titule concesión.