Aula narrada
Principio por el que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Ámbito de estudio: Administración
El principio de legalidad obliga a la Administración Pública a actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 103.1 de la Constitución lo recoge junto con otros principios de su actuación, como la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración y la coordinación, y le exige servir con objetividad los intereses generales. Es también la base de la potestad sancionadora, que solo se ejerce cuando una norma con rango de ley la reconoce (artículo 25.1 de la Ley 40/2015).
En el temario, no confundas el principio de legalidad, que somete la actuación administrativa a la ley, con la reserva de ley, que determina qué materias deben regularse por ley. Son figuras relacionadas, pero distintas.
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Ejemplo hipotético: un ayuntamiento quiere imponer una obligación a los vecinos sin que ninguna norma le dé cobertura. Esa actuación no respetaría el sometimiento pleno a la ley y al Derecho del artículo 103.1.
Revisado el
No. El principio de legalidad exige que la Administración actúe sometida a la ley. La reserva de ley determina qué materias deben regularse por ley.
En el artículo 103.1 de la Constitución Española.
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