La petición razonada es una de las formas de iniciación de oficio del procedimiento administrativo. El artículo 61.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), la define como la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.
Su eficacia es limitada: no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, aunque este debe comunicar al órgano que la formuló los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación (artículo 61.2). La petición no abre el procedimiento por sí sola, pero obliga a responder de forma motivada.
El precepto añade exigencias de contenido según la materia. En los procedimientos sancionadores, la petición debe especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, y el lugar, la fecha o el periodo en que se produjeron. En los de responsabilidad patrimonial, debe individualizar la lesión producida, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión se produjo.