El artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, exige que la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público se acompañe de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. La obligación recae sobre la convocatoria, no sobre la resolución que la desarrolla.
La misma ley extiende el instrumento a la producción normativa. Su artículo 19 obliga a incorporar un informe sobre el impacto por razón de género a los proyectos de disposiciones de carácter general y a los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros. El informe analiza cómo la norma o el plan afecta de forma distinta a mujeres y hombres.
No es un requisito de forma sin consecuencias ni una autorización previa: documenta un análisis y acompaña al acto, que sigue sujeto a la prohibición de discriminación por razón de sexo. En el ámbito autonómico y local el instrumento aparece con el mismo nombre o como informe de impacto por razón de género, según la norma de cada administración.