El artículo 2.7 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, define el indicador como un dato o información, individual o agrupada, que permite medir el progreso o efectos de una política pública. La propia norma distingue esa figura del dato del artículo 2.6, que es la representación de una variable cualitativa o cuantitativa: el indicador no describe un hecho aislado, sino que se pone al servicio de medir un avance o un efecto.
El artículo 12 de la misma ley obliga a que las políticas públicas cuenten desde su diseño con indicadores que faciliten su gestión y permitan su seguimiento y evaluación, recogidos en un sistema de información. Distingue tres tipos: indicadores de realización, que miden el estado de ejecución de las acciones; indicadores de resultados, relativos al grado de cumplimiento de los objetivos o a los cambios vinculados a ellos, e indicadores de impacto, relativos al efecto de esos cambios. Los tres deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados, y fundarse en un sistema de información fiable.
Los temarios de gestión lo presentan como la concreción medible de un criterio: una unidad de medida y un momento de recogida. Conviene retener esa idea para no confundir los términos: el objetivo expresa qué se quiere conseguir y el indicador dice con qué dato se comprueba si se ha conseguido.