El conflicto de intereses es la situación en la que quien participa en una decisión pública, o puede influir en su resultado, tiene un interés personal, económico o financiero que puede comprometer, o parecer que compromete, su imparcialidad e independencia. En la contratación pública lo define el artículo 64.2 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público: alcanza al personal al servicio del órgano de contratación que participe en el procedimiento de licitación o pueda influir en su resultado, y obliga a quien conozca un posible conflicto a ponerlo de inmediato en conocimiento del órgano de contratación.
En el procedimiento administrativo general la figura se concreta en el deber de abstención del artículo 23 de la Ley 40/2015: la autoridad o el empleado público con interés personal en el asunto, con vínculos de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, o con relación de servicio con el interesado, debe abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior. El apartado 5 del mismo artículo advierte de que no abstenerse da lugar a la responsabilidad que proceda.
El interés no tiene por qué ser económico ni estar probado: basta con que pueda parecer que compromete la imparcialidad, porque la norma protege también la apariencia de neutralidad de la Administración.