La censura previa es cualquier medida que condicione o impida la difusión de un contenido antes de que se haya publicado. El artículo 20.2 de la Constitución dispone que el ejercicio de los derechos del apartado 1 —expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y comunicar o recibir libremente información veraz— no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
La prohibición es absoluta: la Constitución dice «ningún tipo» de censura previa, sin excepciones ni habilitación legal posible. Eso no deja las libertades del artículo 20.1 sin límites: el apartado 4 las limita por el respeto a los derechos reconocidos en el Título I y a los preceptos de las leyes que los desarrollan, y el apartado 5 solo permite el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
La clave para el examen es el momento del control. Un filtro anterior a la difusión es censura previa y está prohibido; el control posterior, la responsabilidad por lo publicado y el secuestro acordado por un juez no lo son.