La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas es la aptitud para actuar en el procedimiento administrativo: presentar escritos, comparecer y ejercer derechos e intereses frente a la Administración.
El artículo 3 de la Ley 39/2015 la reconoce, en primer lugar, a las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Añade a los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la salvedad de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte a esos derechos o intereses. Y, cuando la ley lo declare expresamente, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
La clave está en la remisión: la ley administrativa no crea la capacidad, la toma del derecho civil y solo añade los supuestos de las letras b y c. Por eso, ante un caso práctico, se mira primero la capacidad civil y después si concurre alguna de esas excepciones, distinguiendo la capacidad para el acto concreto de una capacidad general.