La tramitación simplificada es una forma de tramitar el procedimiento administrativo común con menos trámites y un plazo propio, sin cambiar la norma que lo regula. La Ley 39/2015 la regula en el artículo 96: las Administraciones pueden acordarla, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen.
Solo cabe antes de la resolución: el órgano competente puede acordar en cualquier momento anterior continuar con la tramitación ordinaria. Si la acuerda de oficio debe notificarlo a los interesados, y la oposición expresa de cualquiera de ellos le obliga a seguir la vía ordinaria. En los procedimientos sancionadores, cuando existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, no cabe esa oposición expresa.
El artículo 96.6 fija el plazo de resolución en treinta días desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria. Los trámites quedan reducidos a los que enumera ese apartado y, si el procedimiento exige algún trámite no previsto en él, debe tramitarse de forma ordinaria.