El artículo 98.3 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015) permite adoptar, mediante resolución motivada y cuando las normas del procedimiento sancionador lo prevean, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Entre ellas, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
La suspensión provisional puede acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantiene por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este supuesto, si la suspensión excede de seis meses no supone pérdida del puesto de trabajo.
El funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si la suspensión provisional se eleva a definitiva, debe devolver lo percibido; si no llega a convertirse en sanción definitiva, la Administración le restituye la diferencia entre los haberes percibidos y los que le hubieran correspondido con plenitud de derechos, el tiempo se computa como de servicio activo y se acuerda su inmediata reincorporación.