El artículo 4.4.º de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, define el riesgo laboral grave e inminente como aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Son dos notas acumulativas: la probabilidad racional de que ocurra de inmediato y la gravedad del daño que puede causar.
La misma ley extiende la definición a la exposición a agentes que puedan causar daños graves: hay riesgo grave e inminente cuando es racionalmente probable que esa exposición se produzca en un futuro inmediato y de ella puedan derivarse daños graves para la salud, aunque esos daños no se manifiesten de forma inmediata. Por eso no hace falta que el daño se haya producido ya para que la situación esté protegida.
Se distingue del riesgo laboral del art. 4.2.º, que se queda en la posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo: aquí la norma añade inmediatez y gravedad, y de ahí las consecuencias del art. 21. El empresario debe informar de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas, dar las instrucciones necesarias para que se pueda interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo, y los representantes legales de los trabajadores pueden acordar la paralización cuando no se adoptan o no se permiten esas medidas.