El artículo 5 de la Ley 39/2015 regula la representación en el procedimiento administrativo. Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante y las actuaciones administrativas se entienden con éste, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario (art. 5.1). Pueden representar a otras personas ante las Administraciones Públicas las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos (art. 5.2).
La representación debe acreditarse para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona; para los actos y gestiones de mero trámite se presume (art. 5.3). Se acredita mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, y se entiende acreditada la realizada mediante apoderamiento apud acta, por comparecencia personal o electrónica en la sede electrónica, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (art. 5.4).
El órgano que tramita el procedimiento debe incorporar al expediente la acreditación de la condición de representante y de los poderes reconocidos (art. 5.5). La falta o insuficiente acreditación no impide tener por realizado el acto, siempre que se aporte o se subsane en el plazo de diez días que debe conceder el órgano, o en uno superior cuando las circunstancias lo exijan (art. 5.6). Las Administraciones pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, sin perjuicio de que el interesado pueda comparecer siempre por sí mismo (art. 5.7).