El artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. No se trata de una declaración programática: el mismo precepto añade que ese derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección frente a los riesgos laborales, y que ese deber de protección constituye igualmente un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
El artículo concreta el contenido del derecho. Forman parte de él los derechos de información, consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia del estado de salud, en los términos previstos en la ley. El apartado 2 desarrolla el deber del empresario mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con una acción permanente de seguimiento.
El adjetivo eficaz es lo que se pregunta: exige medidas reales y no recomendaciones. El apartado 5 cierra el círculo al establecer que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.