El artículo 4.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, define la prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La definición es legal y cerrada: no es una recomendación ni un repertorio de buenas prácticas, sino una obligación que acompaña a la actividad desde su planificación hasta su ejecución.
La clave del precepto es el alcance temporal. La ley no habla de reaccionar ante el daño ya producido, sino de actuar en todas las fases de la actividad. El mismo artículo separa la prevención de las figuras con las que se confunde en los test: el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo (artículo 4.2), el daño derivado del trabajo es la enfermedad, patología o lesión ya sufrida (artículo 4.3) y el equipo de trabajo es la máquina, aparato, instrumento o instalación empleada (artículo 4.6).
El deber no es solo empresarial. El artículo 14.1 extiende expresamente ese deber de protección a las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio, de modo que la prevención obliga también en la función pública y no solo en la empresa privada.