La memoria económica es el documento que el artículo 25.4 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, exige que acompañe a la ley que atribuye competencias a los municipios. Debe reflejar el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o de la actividad.
El mismo precepto añade dos exigencias. La ley debe prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas, y los proyectos de leyes estatales se acompañan de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que acredite esos criterios.
El artículo 27.1 extiende la exigencia a la delegación de competencias: el acuerdo de delegación debe acompañarse de una memoria económica que justifique que mejora la eficiencia de la gestión pública, elimina duplicidades administrativas y es acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y que valore el impacto en el gasto de las Administraciones afectadas sin que pueda suponer un mayor gasto.