La inderogabilidad singular es la regla que prohíbe que una resolución administrativa de carácter particular deje sin efecto, para un caso concreto, lo que dispone una norma de carácter general. El artículo 37.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), la enuncia así: las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Lo que protege la norma no es el rango del órgano, sino la fuerza de la disposición general: un acto dictado para un caso concreto no puede derogar para ese caso lo que vale para todos. Por eso la prohibición alcanza también al órgano superior jerárquico, que sí podría aprobar una nueva disposición general, pero no dejarla sin efecto mediante una resolución singular.
El apartado 2 del artículo 37 cierra el régimen con la consecuencia: son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.