El artículo 14, letra a), del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, reconoce a los empleados públicos, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el derecho individual a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Es un derecho de carácter individual, no un derecho de ejercicio colectivo.
La inamovilidad protege la condición, no el puesto concreto. El propio Estatuto enumera en su artículo 63 las causas tasadas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria firme de separación del servicio, e inhabilitación absoluta o especial firme para cargo público. Fuera de esas causas y de las que prevea la ley no cabe apartar al funcionario de carrera de su condición.
La Constitución usa la misma palabra para el Tribunal Constitucional: el artículo 159.5 declara que sus miembros son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Son dos garantías distintas con un mismo nombre, y conviene no mezclarlas en el test.