El artículo 28 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, permite establecer en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad y financieramente sostenible de los servicios públicos mínimos obligatorios. El precepto enumera los medios con los que se articula: medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento, fórmulas de gestión común o asociativa, sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios y, en general, fomento del desarrollo económico y social.
No es una fórmula que el municipio pueda activar por su cuenta. El apartado segundo exige la decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y añade dos requisitos: la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas. Conviven, por tanto, una decisión autonómica y una conformidad municipal.
El artículo no crea una entidad local nueva: habla de sistemas integrados por medidas organizativas y de gestión, no de una persona jurídica distinta. Eso lo separa de figuras como la mancomunidad o el consorcio, que sí son entidades locales con personalidad jurídica propia para gestionar fines comunes.