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Administración pública

Encomienda de gestión

La encomienda de gestión encarga actividades materiales o técnicas a otro órgano o entidad de Derecho público, sin ceder la titularidad ni los elementos sustantivos de la competencia.

Ámbito de estudio: Transversal, Administración, Seguridad y emergencias

También se conoce como: Encomiendas de gestión

La encomienda de gestión permite encargar actividades materiales o técnicas a otros órganos o entidades de Derecho público de la misma o de otra Administración, siempre que esas actividades estén entre sus competencias. El artículo 11 de la Ley 40/2015 la prevé por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos.

No transmite la titularidad de la competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio. El órgano o entidad encomendante conserva la responsabilidad de dictar los actos y resoluciones jurídicos que den soporte o integren la actividad encomendada.

No puede utilizarse para prestaciones propias de los contratos del sector público. Debe formalizarse y publicarse conforme a las reglas del artículo 11.3. Tampoco debe confundirse con una delegación de competencias ni con un encargo sujeto a la legislación de contratos.

Por qué importa para opositores

El título preliminar de la Ley 40/2015 está incluido en el tema 10 del temario oficial de Guardia Civil. El programa de Administrativo del Estado incluye régimen jurídico del sector público y contratación, por lo que resulta útil distinguir la encomienda de las figuras contractuales.

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Ejemplo práctico

En un supuesto de apoyo técnico entre órganos públicos, debe comprobarse quién conserva la competencia y quién dicta la resolución jurídica; realizar tareas materiales no equivale a resolver el expediente.

Preguntas frecuentes

¿La encomienda de gestión permite ceder la competencia?

No. El artículo 11.2 excluye la cesión de la titularidad y de los elementos sustantivos de su ejercicio. Los actos y resoluciones jurídicos corresponden al encomendante.

¿Puede una encomienda sustituir a un contrato público?

El artículo 11.1 establece que no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados por la legislación de contratos del sector público. En ese caso se aplica el régimen contractual correspondiente.

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