La comunicación previa es el documento mediante el que el interesado pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. La Ley 39/2015 la regula junto a la declaración responsable en el artículo 69.2, y su efecto lo fija el artículo 69.3: permite iniciar la actividad o ejercer el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración.
No es una autorización ni una licencia: el interesado no espera un permiso, comunica. El mismo artículo 69.3 admite que la comunicación se presente en un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente, y el artículo 69.4 advierte de que la inexactitud, la falsedad o la omisión esencial de datos impide continuar con el ejercicio del derecho o de la actividad desde que la Administración tiene constancia. El artículo 69.6 cierra la puerta a exigir a la vez declaración responsable y comunicación para una misma actividad o derecho.
En materia de reunión y manifestación, la comunicación previa es una institución distinta: el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 exige comunicar por escrito a la autoridad gubernativa la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, con una antelación mínima de diez días naturales y máxima de treinta, o de veinticuatro horas cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia.