A efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), no todo el sector público es Administración Pública. El artículo 3.2 considera Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social; los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes; los consorcios y otras entidades de derecho público vinculadas a ellas que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, y las Diputaciones Forales y Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en su actividad de contratación.
Esa condición decide el régimen del contrato. El artículo 25.1 atribuye carácter administrativo a los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, y a los declarados así por una ley o de naturaleza administrativa especial, siempre que los celebre una Administración Pública. Los contratos administrativos se rigen por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, con aplicación supletoria de las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, de las de derecho privado (artículo 25.2).
Quedan fuera de esta categoría otras entidades del sector público, como las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las sociedades mercantiles, que contratan como poderes adjudicadores o como simples entidades del sector público y cuyos contratos tienen carácter privado (artículo 26). Por eso el examen pide a menudo clasificar primero la entidad y solo después decidir la naturaleza del contrato.