El artículo 55 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, permite al órgano competente abrir, con anterioridad al inicio del procedimiento, un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Su carácter es potestativo: la ley dice que se podrán realizar, no que sean obligatorias, y se sitúan antes del acuerdo de iniciación, no dentro del procedimiento ya abierto.
En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el apartado segundo concreta la finalidad: determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación, identificar a la persona o personas que pudieran resultar responsables y fijar las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las realizan los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en su defecto, la persona u órgano que determine el órgano competente para la iniciación o la resolución.
El artículo 55 se limita a habilitar esas actuaciones y a ordenar su finalidad: no fija plazos ni efectos sobre la caducidad del procedimiento, de modo que las preguntas de test que atribuyan a esta fase un plazo concreto o un efecto interruptor van más allá de lo que dice el precepto.