El artículo 1.3 de la Constitución dice, sin más definición, que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El precepto se lee dentro del artículo 1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1), y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2). La Monarquía parlamentaria no cambia esa titularidad: la Corona es una jefatura del Estado, no un poder soberano.
El contenido se concreta en el resto del texto constitucional. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos deben estar siempre refrendados, careciendo de validez sin ese refrendo (art. 56.3).
El adjetivo parlamentaria viene del lado del Gobierno: responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108), y las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art. 66). Monarquía, por tanto, en la jefatura del Estado; parlamentaria, en la relación de confianza entre el Gobierno y la Cámara.