Abogado del Estado

La Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, atribuye a los Abogados del Estado, integrados en el Servicio Jurídico del Estado, la asistencia jurídica: asesoramiento y representación y defensa en juicio del Estado y de sus organismos autónomos, así como de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio (art. 1.1). Sus unidades se denominan Abogacías del Estado. El artículo 2 permite asumir la representación y defensa de autoridades y empleados públicos, en los términos reglamentarios, cuando el procedimiento se sigue por actos u omisiones relacionados con el cargo.