La iniciativa autonómica es el conjunto de acuerdos con los que se pone en marcha el proceso para constituir una comunidad autónoma por la vía del artículo 143 de la Constitución. Su régimen está en el artículo 143.2 CE: corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
Los acuerdos deben adoptarse en el plazo de seis meses desde el primero que se tome por alguna de las corporaciones locales interesadas. El artículo 143.1 CE fija quiénes pueden acceder por esta vía: las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. Si la iniciativa no prospera, el apartado 3 permite reiterarla pasados cinco años.
No debe confundirse con la iniciativa legislativa: la autonómica no propone una ley, sino que abre el proceso constituyente de la comunidad autónoma, que continúa con la elaboración y aprobación de su estatuto de autonomía.