Aula narrada
Procesos de estabilización del empleo temporal previstos en la Ley 20/2021: tasa adicional para plazas estructurales ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos tres años antes del 31 de diciembre de 2020.
Ámbito de estudio: Administración
También se conoce como: estabilización, estabilización del empleo temporal
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1). La disposición adicional octava incluye en las convocatorias de concurso las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016. La disposición adicional séptima extiende la aplicación de estos procesos a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público, sin perjuicio de su normativa específica.
No confundir la tasa adicional del artículo 2.1 con la convocatoria excepcional por concurso de la disposición adicional sexta, que tiene su propia ficha. El Real Decreto 270/2022 añadió al reglamento de ingreso docente la disposición transitoria cuarta, para los procedimientos convocados en aplicación de esta ley.
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Ejemplo hipotético: una plaza estructural de técnico en un ayuntamiento, dotada presupuestariamente, ha estado ocupada de forma temporal e ininterrumpida desde 2017 hasta 2021. Podría entrar en la tasa adicional, porque la ocupación cubre los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1).
Revisado el
Que la plaza haya estado ocupada de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021).
Sí, a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público, sin perjuicio de su normativa específica (disposición adicional séptima).
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