Diferencia entre secretario e interventor: qué hace cada uno
Cuando alguien pregunta por la diferencia entre un secretario y un interventor de ayuntamiento casi nunca busca la división legal, sino algo mucho más concreto: qué hace cada uno mientras el ayuntamiento trabaja. La respuesta corta es que uno responde de la fe pública y de la legalidad de los acuerdos, y el otro responde del dinero. La larga es que esas dos responsabilidades generan dos agendas distintas, con dos formas distintas de firmar, de discutir y de tener razón.
El reparto no es una costumbre: está en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), que enumera las funciones públicas necesarias reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. La letra a) es la Secretaría, «comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo». La letra b) es «el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación». El mismo precepto divide la escala en tres subescalas —Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención— y la tercera acumula las dos funciones.
Lo que sigue es el desarrollo de esos dos párrafos convertido en jornadas de trabajo, con el detalle que fija el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
La diferencia en una frase, y por qué importa
El secretario acredita y asesora; el interventor controla y contabiliza. Uno dice «este acuerdo se puede adoptar así, con esta mayoría y con este informe»; el otro dice «este gasto tiene crédito, tiene procedimiento y tiene factura». Cuando la respuesta es no, el secretario deja constancia en un informe y el interventor formula un reparo, y ahí se acaban las simetrías: el informe del secretario no paraliza nada y el reparo del interventor, en determinados supuestos, sí.
Esa asimetría es la clave práctica de la diferencia. Un informe de legalidad desfavorable se lee en el pleno, se debate y el órgano decide asumiendo el riesgo, porque en democracia local el que decide es el órgano electo. Un reparo por insuficiencia de crédito o por omisión de un trámite esencial suspende la tramitación del expediente hasta que se solventa (artículo 216 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004).
Un martes por la mañana en Secretaría
La jornada de una secretaría municipal se parece menos a la de un despacho jurídico de lo que parece y más a la de un fedatario con despacho propio. Lo que fija el Real Decreto 128/2018 en su artículo 3 es, literalmente, una lista de tareas con hora.
Antes de las nueve. Revisar el registro de entrada y los decretos de alcaldía firmados desde la víspera, para transcribirlos al libro de resoluciones (art. 3.2.e). Esa transcripción no es un trámite decorativo: es la garantía de autenticidad e integridad de la resolución. En municipios con sede electrónica, buena parte de ese trabajo es comprobar que el flujo de firma ha cerrado bien y que no hay decretos a medias.
A media mañana, el orden del día. El secretario prepara los asuntos que se van a incluir en el orden del día del pleno y de la junta de gobierno, de acuerdo con lo que le indica la alcaldía, y asiste a esta en la convocatoria (art. 3.2.a). Aquí empieza el trabajo real de la semana: cada asunto necesita su expediente completo, su memoria, su informe económico si lleva gasto y, en los casos que la ley marca, un informe jurídico previo. Si falta algo, el asunto no está listo, y decirlo a tiempo es la mitad del oficio. Después se notifica la convocatoria a todos los miembros del órgano en el plazo legal, y desde ese momento el secretario custodia la documentación íntegra del expediente y la pone a disposición de los concejales que quieran examinarla (art. 3.2.c).
La mesa de contratación. Cuando se abre una mesa para valorar ofertas, el secretario actúa como fedatario del contrato y de los documentos análogos en que interviene la entidad (art. 3.2.i). Ahí no valora el precio ni la solvencia técnica: da fe de lo que ocurre, del orden de apertura y del contenido de los sobres, y lo deja reflejado en el acta.
Los informes de legalidad. El núcleo del asesoramiento legal preceptivo (art. 3.3). Se emiten antes de la sesión en la que se va a tratar el asunto y deben señalar la legislación aplicable y la adecuación a ella de los acuerdos proyectados. No son informes de oportunidad: no dicen si la medida es buena, sino si es posible. Y son preceptivos en supuestos tasados: aprobación o modificación de ordenanzas y reglamentos, ejercicio de acciones para defender bienes y derechos, revisión de oficio de actos, determinados recursos administrativos, los requerimientos e impugnaciones de los artículos 65 a 67 de la LRBRL, relaciones de puestos de trabajo y planeamiento urbanístico. Cuando el acuerdo exige mayoría absoluta o cualificada, el informe previo es obligatorio en todo caso.
La tarde del pleno. Asistir y levantar acta (art. 3.2.d), con la particularidad de que en soporte electrónico hay que redactar además un extracto en papel con lugar, fecha, carácter de la sesión, asistentes, acuerdos y sentido del voto. Después, publicar el acta en la sede electrónica conforme a la normativa de protección de datos, notificar los acuerdos (art. 3.2.h), certificar lo que pida la diputación o la comunidad autónoma para una subvención (art. 3.2.f) y remitir a la Administración General del Estado y a la autonómica copia o extracto de los actos y acuerdos (art. 3.2.g).
Y lo que no hace. No ordena pagos, no autoriza gastos, no decide el importe de un contrato ni aprueba una nómina. Puede tener la sensación de que «firma todo», pero firma otra cosa: da fe de que existe y de que se ha adoptado conforme a derecho.
Un martes por la mañana en Intervención
La intervención municipal es un órgano de control con un pie en la contabilidad y otro en la caja. Su artículo de cabecera es el 4 del Real Decreto 128/2018, que separa tres bloques: control interno, contabilidad y —en el artículo siguiente— tesorería y recaudación.
La factura que llega. El registro contable de facturas es suyo (art. 4.2.j), con el seguimiento que exigen la Ley 3/2004 de morosidad y la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica. Cada factura que entra debe quedar anotada, y de ese registro sale después el periodo medio de pago a proveedores, que se calcula con la metodología del Real Decreto 635/2014 y que el órgano de tesorería elabora y acredita (art. 5.1.e). Un ayuntamiento que paga tarde no lo descubre en el periódico: lo ve en su propio indicador.
El expediente de gasto y sus cuatro fases. La gestión del presupuesto de gastos se realiza en cuatro fases: autorización del gasto, disposición o compromiso, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación del pago (artículo 184 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales). La fiscalización previa consiste en revisar el expediente antes de que se dé el paso: que exista crédito adecuado y suficiente, que el procedimiento sea el que la ley exige, que estén los informes y que la propuesta se ajuste al ordenamiento. Si todo encaja, se estampa la conformidad. Si no, hay dos salidas: la observación, que se incorpora al expediente sin paralizarlo, y el reparo, que suspende cuando se basa en insuficiencia de crédito o crédito inadecuado, en que no se han fiscalizado los actos que originaron la orden de pago, en la omisión de requisitos o trámites esenciales, o en comprobaciones materiales de obras, suministros y servicios (artículo 216 del TRLRHL).
La discrepancia. El interventor no gana por autoridad: sus opiniones no prevalecen sobre las del órgano de gestión (artículo 15 del Real Decreto 424/2017). Si el gestor no acepta el reparo, plantea una discrepancia en el plazo de quince días al presidente o al pleno, según el caso, y esa resolución es ejecutiva. Lo que sí ocurre siempre es que el interventor eleva al pleno un informe con todas las resoluciones contrarias a sus reparos —punto independiente del orden del día— y remite cada año al Tribunal de Cuentas esas resoluciones y un resumen de las principales anomalías en materia de ingresos (artículo 218 del TRLRHL). Es decir: la última palabra la tiene el órgano electo, pero queda escrita y con destinatario.
El control financiero. Además de la función interventora, la Intervención ejerce el control financiero en sus dos modalidades, control permanente y auditoría pública, con control de eficacia (art. 4.1.b del RD 128/2018). Ahí entran el control de subvenciones conforme a la Ley 38/2003, el informe de los proyectos de presupuesto y de sus modificaciones, el informe previo a las operaciones de crédito y el informe previo a la aprobación de la liquidación. El Real Decreto 424/2017 exige que el modelo de control cubra al menos el 80 % del presupuesto general consolidado y que en tres ejercicios se llegue al 100 %, con un plan anual de actuaciones y autonomía funcional respecto de los órganos cuya gestión se controla.
La contabilidad y la tesorería. Llevar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto, formar la Cuenta General, coordinar a los organismos autónomos y sociedades dependientes e inspeccionar su contabilidad. Y en tesorería: planes de disposición de fondos, custodia de fondos y valores, cobros y pagos, actas de arqueo, informe de morosidad y propuesta de endeudamiento. En recaudación, la jefatura de los servicios de ingresos, la providencia de apremio y los recursos contra ella, y la autorización de subastas de bienes embargados (art. 5).
Y lo que no hace. No decide el gasto, no negocia con el proveedor ni valora la oportunidad política de una inversión. Su pregunta es siempre la misma: ¿esto se puede pagar, se puede justificar y está bien contabilizado?
El mismo martes, en una tabla
| Secretaría | Intervención-Tesorería | |
|---|---|---|
| Responsabilidad | Fe pública y asesoramiento legal preceptivo | Control interno, contabilidad, tesorería y recaudación |
| Pieza que produce | Acta, certificado, informe de legalidad | Conformidad, reparo, observación, informe económico |
| Momento | Antes y durante la sesión del órgano colegiado | Antes de cada acto de gasto y después, en control financiero |
| Efecto de un «no» | Se deja constancia; el órgano decide | El reparo suspende en los supuestos del art. 216 TRLRHL |
| A quién informa | Al pleno, a la alcaldía y a la comunidad autónoma y al Estado | Al pleno y, anualmente, al Tribunal de Cuentas |
| Norma base | Art. 3 del RD 128/2018 | Arts. 4 y 5 del RD 128/2018; RD 424/2017 |
Cuando es la misma persona: el municipio pequeño
En España la mayoría de los municipios no llega a los 5.000 habitantes, y eso hace que el puesto más común de la escala no sea ni Secretaría ni Intervención-Tesorería, sino Secretaría-Intervención. La clasificación la fija el artículo 8 del RD 128/2018: las secretarías de clase tercera son las de municipios de población inferior a 5.001 habitantes cuyo presupuesto no excede de 3 millones de euros, y su titular asume las dos funciones públicas necesarias.
En la práctica esto significa que la misma persona prepara el orden del día por la mañana y fiscaliza la factura del proveedor por la tarde. El oficio consiste en no mezclar los papeles: el informe de legalidad se escribe como secretario y la fiscalización se estampa como interventor, con su número y su fecha, y conviene que cada uno deje rastro separado en el expediente. Cuando el municipio no puede sostener esa separación con medios propios, la ley permite recabar el apoyo de los servicios de asistencia de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares (artículo 6.4 del RD 424/2017).
Y ahí entra un detalle que suele sorprender a quien se está planteando la oposición: el artículo 6.3 del RD 128/2018 permite que a estos puestos se les asignen otras funciones distintas o complementarias por decisión del presidente de la entidad, siempre que sean compatibles con las propias del puesto y adecuadas a su grupo. En un ayuntamiento pequeño eso puede significar coordinar el padrón, la atención al ciudadano o la tramitación de subvenciones. No es una desviación: es la consecuencia de que el municipio tenga una plantilla de diez personas y tres funcionarios.
Qué parte de este día a día cae en el examen
La conexión entre la jornada real y la oposición no es metafórica. El examen de Secretaría-Intervención se organiza en tres ejercicios: un test con penalización, un oral de temas y dos supuestos prácticos, uno jurídico y otro económico. Los dos supuestos son exactamente las dos columnas de la tabla de arriba.
- El supuesto jurídico se parece a la mañana de Secretaría: un ayuntamiento quiere aprobar una ordenanza, revisar de oficio un acto, resolver un recurso o modificar su plantilla. Tienes que decir qué informes hacen falta, con qué mayoría se aprueba, qué plazos corren y qué pasaría si se omite un trámite.
- El supuesto económico se parece a la mañana de Intervención: un expediente de gasto con una factura, una modificación de crédito, una subvención que hay que justificar o un remanente que se quiere usar. Tienes que detectar si hay crédito, si la fase es la correcta, si procede reparo y con qué efectos.
El temario de la parte especial (régimen local y haciendas locales) es, literalmente, la normativa que se aplica en esas dos jornadas. Por eso estudiar la oposición «por bloques» funciona peor que estudiarla por escenarios: quien ha entendido la diferencia entre un informe de legalidad y un reparo resuelve mejor las dos preguntas que quien ha memorizado los artículos por separado.
Si vienes de otra carrera, esto es lo que te va a pedir el trabajo
No hace falta ser jurista ni economista: el requisito es una titulación universitaria de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. Pero el día a día pide dos habilidades concretas. La primera es lectura normativa aplicada: localizar el precepto, comprobar la redacción vigente y decidir qué exige en este expediente concreto. La segunda es aritmética presupuestaria: entender de dónde sale el crédito, cómo se modifica, qué es una obligación reconocida y por qué una factura sin crédito no se paga aunque el servicio esté prestado.
Las dos se entrenan. Y las dos son las que separan a quien aprueba de quien se queda a dos puntos: el test se pasa estudiando, el oral se pasa explicando y los supuestos se pasan habiendo hecho supuestos antes.
Cómo seguir
Si lo que te interesa es la oposición completa —requisitos, los tres ejercicios con las bases reales del BOE, el temario de 145 temas y las plazas de la última convocatoria—, está desarrollado en la guía de las oposiciones de Secretaría-Intervención. Si lo que quieres saber es cuánto se cobra en cada destino, lo tienes en el sueldo del secretario-interventor de ayuntamiento.
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